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Chile

El Ejecutivo evalúa el tema, dado que el empresariado pide avanzar en los proyectos, pero el costo de tomar medidas impopulares podría ser nefasto en los próximos comicios.

01 de Junio de 2012.- Tres horas antes de que el hecho esencial de Colbún fuera enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, el ministro Cristián Larroulet se enteró de la decisión de la empresa del grupo Matte. Con ello activó de inmediato un cambio en la agenda de Palacio que incluyó traer de regreso a Santiago al ministro de Energía, Jorge Bunster, quien andaba de gira en el norte del país. El texto era claro y además de recomendar a HidroAysén suspender la entrega del Estudio de Impacto Ambiental, también pedía al Ejecutivo y al Legislativo entregar las condiciones básicas para que el proyecto pudiera salir a flote en un marco normativo claro.

Es más, los ministros asumieron que era la primera señal concreta del desánimo del empresariado y saben que los argumentos esgrimidos por Colbún constituyen un diagnóstico generalizado en la industria, dada la supuesta indefinición del gobierno la que califican de preocupante, puesto que son varios los proyectos de energía que se han paralizado en los últimos meses por los altos costos y por las decisiones judiciales.

Por ello, el tema fue central en la reunión del consejo de la Sofofa que se desarrolló el miércoles en la tarde, dado que la instancia acordó dar una señal y mandatar al presidente del gremio, Andrés Concha, como emisario ante el gobierno para dar cuenta de la molestia que genera esta situación entre los inversionistas.

Por ello, en el ámbito empresarial no extrañó que ayer Concha visitara La Moneda -con motivo de una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín- y aunque el tono de sus declaraciones fue conciliador, dejó en claro que el empresariado está esperando que el Ejecutivo envíe el proyecto de “carretera eléctrica” en los próximos días. “Ese proyecto no se ha enviado al Congreso, el gobierno ha dicho que lo está preparando y lo debiera enviar en los próximos días”, afirmó Concha.

Es más, en círculos empresariales se han planteado voces partidarias de promover un pacto social-empresarial y endurecer el discurso respecto a que estas decisiones sólo afectan la imagen país y alejan a potenciales inversionistas.

En ese sentido, desde rubros como la minería también están preocupados por el estado “poco claro” que vive el sector eléctrico. Personeros ligados al consejo minero afirmaron que han planteado al gobierno su inquietud por el alto costo que puede alcanzar las tarifas eléctricas de no seguir desarrollándose proyectos que permitan bajar sus costos. 

Agregan que el costo de la energía en el país es tres veces más alto que en Perú y que esto “no resiste por más tiempo”. 

?Año eleccionario?

Eso sí, los mismos empresarios reconocen que es poco probable que se pueda avanzar en esta materia en estos dos años que restan de gobierno, ya que es “impopular” que en procesos eleccionarios (municipales y presidenciales) se opte por legislar sobre proyectos hidroeléctricos o de carbón. En respuesta, el gobierno salió a opinar ayer por dos vías. Mientras el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió que el país sí tiene una política energética a largo plazo, el ministro de Segpres, Cristián Larroulet, afirmó que el proyecto de carretera eléctrica debería estar en el Congreso en la primera mitad del segundo semestre de este año.

DF
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