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Chile

La apertura de fronteras para la exportación de residuos peligrosos y eventual derogación del Decreto Supremo Nº 2 del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos más señalados tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.

Martes 13 de Septiembre de 2016.- La empresa Recicladora Ambiental (RAM), que se dedica al reciclaje industrial de baterías de auto fuera de uso y residuos plomados de la minería, entregó una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, para advertir la posibilidad de que Chile no cumpla los acuerdos internacionales que ha suscrito si se libera la exportación de residuos peligrosos.

Los directores de la firma, Antonio Carracedo y Federico Fanta, plantearon su preocupación por el modo en que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo la elaboración del reglamento de la Ley REP para la exportación e importación de residuos, donde no se contempla una consulta pública abierta conforme a las recomendaciones regulatorias de la OCDE, ya que sólo han sido convocados a su discusión los potenciales exportadores de las baterías fuera de uso, sin compartir el texto del futuro reglamento.

Igualmente, señalaron que la eventual derogación del Decreto SupremoNº 2 del Ministerio de Salud, que se seguiría al reglamento, y que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos buscados con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.

Los ejecutivos de la compañía aseguran que el decreto del Minsal fue elaborado precisamente para dar aplicación al marco jurídico internacional del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos impulsado por la OCDE y Naciones Unidas y para cumplir con el Convenio de Basilea, suscrito por nuestro país por el cual los países deben desarrollar la capacidad de eliminar y tratar internamente sus residuos peligrosos prefiriendo el tratamiento interno al envío a otros estados.

La carta subraya además que el decreto que se pretende eliminar “ha sido exhibido en el informe de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental 2016 de la OCDE como uno de los pocos logros alcanzados por el Estado en materia de gestión de residuos” y que su promulgación “es la única acción que el país ha podido mostrar en cumplimiento de alguno de los cinco instrumentos de la OCDE relacionados con movimientos transfronterizos de residuos”.

En este sentido, RAM recuerda que el Decreto Nº2, elaborado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue resultado de un largo trabajo público privado de las autoridades ambientales y sanitarias, junto con las empresas del rubro y la Asociación de Empresas y Profesionales del Medio Ambiente (AEPA) y que se basó en un informe del Ministerio de Salud “que constató que en el país existía la capacidad técnica para eliminar los residuos peligrosos consistentes en baterías usadas, de manera ambientalmente racional y eficiente”. Por ello, desde la compañía aseguran que es incomprensible el eventual “cambio en las reglas del juego”.

Actualmente, RAM es la única empresa en  funcionamiento autorizada para realizar el reciclaje de baterías automotrices e industriales en Chile, y la capacidad de reciclaje de su planta alcanza a 4.123 toneladas por mes, mucho mayor que la generación mensual de baterías fuera de uso en el país.

Recicladora Ambiental (RAM)

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